ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Perfil de los procesos de consulta previa en el sector minero peruano: características territoriales, socioculturales e institucionales
Profile of Prior Consultation Processes in Peru’s Mining Sector: Territorial, Sociocultural, and Institutional Characteristics
RESUMEN
La consulta previa constituye un mecanismo de participación de los pueblos indígenas u originarios frente a las medidas administrativas que pueden afectar sus derechos colectivos. La investigación tuvo como objetivo caracterizar los procesos de consulta previa en el sector minero peruano según sus características generales, distribución territorial y dimensiones socioculturales e institucionales. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, diseño no experimental y carácter retrospectivo. Se analizaron 49 procesos identificados en el registro documental del Ministerio de Cultura, mediante una ficha de registro y estadística descriptiva. Los resultados mostraron un predominio de procedimientos concluidos y vinculados con actividades de exploración minera, con mayor concentración territorial en Ayacucho y Apurímac. Asimismo, prevalecieron los procesos asociados al pueblo quechua y las medidas de alcance local, siendo el Ministerio de Energía y Minas la entidad promotora. Se concluye que la consulta previa minera presenta una distribución territorial y sociocultural diferenciada, cuya caracterización permite comprender su organización administrativa en el país.
Palabras clave: actividad minera; consulta previa; derechos colectivos; pueblos indígenas; territorio.
ABSTRACT
Prior consultation constitutes a mechanism for the participation of Indigenous peoples in administrative measures that may affect their collective rights. This study aimed to characterize prior consultation processes in Peru’s mining sector according to their general characteristics, territorial distribution, and sociocultural and institutional dimensions. A quantitative approach was employed, with a descriptive scope, non-experimental design, and retrospective orientation. A total of 49 processes identified in the documentary records of the Ministry of Culture were analyzed using a data collection form and descriptive statistics. The results revealed a predominance of completed consultation processes associated with mining exploration activities, with the highest territorial concentration in Ayacucho and Apurímac. Furthermore, processes involving the Quechua people and measures with a local scope predominated, while the Ministry of Energy and Mines served as the promoting authority. It is concluded that prior consultation in Peru’s mining sector exhibits differentiated territorial and sociocultural patterns, whose characterization contributes to understanding its administrative organization across the country.
Keywords: collective rights; Indigenous peoples; mining activity; prior consultation; territory.
Cómo citar: Villanueva Quispe, W. (2025). Perfil de los procesos de consulta previa en el sector minero peruano: características territoriales, socioculturales e institucionales. PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 2(2), 48–58. https://doi.org/10.62785/prics.v2.i2.25
INTRODUCCIÓN
La consulta previa constituye un mecanismo de reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios frente a las decisiones estatales susceptibles de afectarles directamente. Su fundamento se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de consultar a estos pueblos mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. En el Perú, este derecho adquirió un desarrollo normativo específico con la aprobación de la Ley N.º 29785 y su reglamento, que establecieron disposiciones para su implementación en las actuaciones de las entidades públicas. Desde entonces, la consulta previa forma parte de los procedimientos institucionales relacionados con diferentes actividades económicas, entre ellas la minería, cuya intervención territorial plantea exigencias particulares de reconocimiento y participación indígena.
La implementación de este derecho ha generado un campo de discusión académica sobre sus fundamentos, alcances y condiciones de aplicación. Eguiguren Praeli (2016) examina las dificultades y desafíos que acompañan el desarrollo de la consulta previa, mientras que Ruiz Molleda (2014) identifica problemas jurídicos relacionados con su implementación en el ordenamiento peruano. Desde una perspectiva de política pública, Palomino Fernández (2022) aborda la consulta como un instrumento cuya aplicación involucra decisiones administrativas y responsabilidades estatales. Estos antecedentes permiten reconocer que la institucionalización del derecho no se agota en su regulación normativa, sino que comprende procedimientos concretos cuya organización y características pueden ser examinadas empíricamente. En este sentido, el estudio de los registros administrativos ofrece una aproximación a la forma en que la consulta previa se desarrolla en determinados sectores de intervención estatal.
En el sector minero peruano, la consulta previa presenta particularidades vinculadas con las medidas administrativas relacionadas con las actividades de exploración y explotación. Soto Palacios (2013) analiza las consideraciones necesarias para implementar este derecho en dicho sector, mientras que Lanegra Quispe (2014) examina su articulación con la regulación ambiental. Por su parte, Másquez Salvador (2019) aborda la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente al otorgamiento de concesiones mineras. Estas investigaciones muestran la importancia de distinguir los procedimientos de consulta de otros mecanismos administrativos y de participación. Asimismo, San Martín Villaverde (2023) profundiza en las diferencias jurídicas entre la participación ciudadana y la consulta previa, una distinción necesaria para comprender la naturaleza de los procedimientos registrados en el ámbito minero.
La dimensión territorial constituye otro componente relevante para caracterizar estos procesos (Ccormoray Ñaupa, 2025). Las actividades mineras se desarrollan en espacios con diferentes condiciones geográficas, administrativas y socioculturales, por lo que la ubicación de los procedimientos permite identificar tendencias de distribución. Chinchay Tuesta y Scurrah (2024) analizan las relaciones entre el ordenamiento territorial y las concesiones mineras en el Perú, destacando la importancia de contar con instrumentos que articulen las decisiones sobre el uso del territorio. Desde una perspectiva comparativa, García Serrano (2014) examina la territorialidad indígena frente a proyectos minero-energéticos en Ecuador. Aunque estos trabajos responden a objetivos distintos, aportan elementos para considerar la localización territorial como una dimensión pertinente del análisis, sin asumir que la frecuencia de procedimientos expresa necesariamente la intensidad de la actividad minera.
La identificación de los pueblos indígenas u originarios representa igualmente una dimensión fundamental. Alva Arévalo (2024) examina las dificultades asociadas con el criterio de autoidentificación en el Perú, mientras que Duque Morales y Mosquera Monelos (2018) estudian la adaptación de los criterios de identificación indígena establecidos en el Convenio 169. Estas contribuciones permiten comprender que las categorías socioculturales utilizadas en los registros administrativos requieren una interpretación cuidadosa. Merino (2019), desde el análisis de la autodeterminación indígena, destaca además la relevancia del carácter colectivo del derecho a la consulta. Por tanto, identificar los pueblos consignados en los procedimientos resulta útil para describir su composición sociocultural, aunque no equivale a determinar la totalidad de comunidades o personas participantes.
Las investigaciones recientes también han examinado las condiciones institucionales de la consulta previa en actividades extractivas. O’Diana Rocca (2022) analiza su trayectoria y plantea aspectos que requieren atención después de una década de aplicación en el Perú. Merino (2025) estudia sus mecanismos de funcionamiento en los sectores minero y petrolero, mientras que Castro (2024) examina las particularidades de su implementación durante la pandemia. Estos aportes amplían el conocimiento sobre el desarrollo del derecho; sin embargo, resulta pertinente complementarlos con estudios descriptivos que organicen sistemáticamente la información sobre los procedimientos mineros registrados.
El objetivo es caracterizar los procesos de consulta previa en el sector minero peruano según sus características generales, distribución territorial y dimensiones socioculturales e institucionales. Para ello, se analizaron 49 procesos identificados en el registro documental del Ministerio de Cultura, mediante un enfoque cuantitativo y descriptivo. El estudio busca aportar evidencia sobre la composición y distribución de estos procedimientos, sin establecer relaciones causales ni evaluar su efectividad. Sus resultados permiten disponer de una base empírica para comprender las características de la consulta previa minera y orientar posteriores investigaciones sobre su desarrollo institucional y territorial.
METODOLOGÍA
Diseño y ámbito de estudio
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, de corte transversal y carácter retrospectivo. Se orientó a caracterizar los procesos de consulta previa en el sector minero peruano, considerando sus características generales, distribución territorial y dimensiones socioculturales e institucionales. El ámbito de estudio comprendió los procesos registrados a nivel nacional en la base documental del Ministerio de Cultura del Perú. El análisis se centró en las características de los procedimientos de consulta previa, sin evaluar su efectividad, el cumplimiento de acuerdos ni su relación con los conflictos sociales.
Población y muestra
La población documental estuvo constituida por 132 procesos de consulta previa consignados en el registro oficial del Ministerio de Cultura del Perú, tomando como referencia la información correspondiente a 2025. De este conjunto, se identificaron 49 procesos pertenecientes al sector minero, que conformaron la población específica de estudio. Se empleó un criterio censal, incorporando la totalidad de los registros mineros identificados, sin aplicar procedimientos de muestreo. La unidad de análisis fue cada proceso de consulta previa, independientemente del número de comunidades, pueblos indígenas u originarios o medidas administrativas involucradas. Los resultados corresponden a la información disponible en el registro documental considerado para la investigación.
Instrumentos
Se utilizó una ficha de registro documental elaborada en Microsoft Excel para sistematizar la información de los procesos de consulta previa. El instrumento comprendió seis variables: estado del procedimiento, actividad minera, ubicación departamental, pueblo indígena u originario, alcance de la medida consultada y entidad promotora. Las categorías se establecieron a partir de la información consignada en los registros administrativos. Cuando no fue posible determinar la actividad minera, se mantuvo una categoría independiente para evitar clasificaciones sin respaldo documental.
Procesamiento y análisis de datos
La información se obtuvo del registro oficial de procesos de consulta previa del Ministerio de Cultura, tomando como referencia los datos correspondientes a 2025. Se identificaron 49 procesos del sector minero, cuyos registros se revisaron para verificar la consistencia de las denominaciones y agrupar las categorías equivalentes.
Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y porcentajes. Los resultados se presentaron en tres figuras correspondientes a las características generales, la distribución territorial y las características socioculturales e institucionales. Para las variables administrativas y socioculturales se consideraron los 49 procesos, mientras que la distribución territorial comprendió 50 menciones departamentales, debido a que un procedimiento abarcó dos departamentos. Los porcentajes se calcularon según el total de registros de cada dimensión.
RESULTADOS
Los procesos de consulta previa en el sector minero peruano se caracterizaron por encontrarse mayoritariamente concluidos y vinculados con actividades de exploración. De los 49 procesos de consulta previa examinados, 47 se encontraban concluidos (95,9 %) y dos permanecían en curso (4,1 %). Según la actividad minera, 41 procesos correspondieron a exploración (83,7 %), siete a explotación (14,3 %) y uno no presentó información suficiente para determinar su clasificación (2,0 %). La exploración concentró la mayor proporción de procedimientos registrados (Figura 1).
Figura 1
Características generales de los procesos de consulta previa en el sector minero peruano
Nota. Los porcentajes se calcularon sobre 49 procesos en cada dimensión. Fuente: Ministerio de Cultura (2025). Elaboración propia.
Los procesos de consulta previa en el sector minero se concentraron principalmente en Ayacucho y Apurímac, departamentos que reunieron conjuntamente el 50,0 % de las menciones territoriales, con 13 (26,0 %) y 12 (24,0 %) registros, respectivamente. Puno ocupó la tercera posición con seis menciones (12,0 %), seguido de Cusco y Áncash, con cinco cada uno (10,0 %). Huancavelica registró tres menciones (6,0 %), mientras que Arequipa, Huánuco, Lima, Moquegua, Pasco y Tacna presentaron una mención cada uno (2,0 %) (Figura 2).
Figura 2
Distribución territorial de los procesos de consulta previa en el sector minero peruano
Nota. Se contabilizaron 50 menciones departamentales correspondientes a 49 procesos, debido a que uno comprendió dos departamentos. Los porcentajes se calcularon sobre 50 menciones. Fuente: Ministerio de Cultura (2025). Elaboración propia.
Los procesos de consulta previa en el sector minero presentaron una marcada concentración sociocultural, territorial e institucional. El pueblo quechua estuvo registrado en 48 procesos (98,0 %), mientras que el pueblo aimara apareció en uno (2,0 %). De manera similar, 48 medidas tuvieron alcance local (98,0 %) y solo una fue clasificada como regional (2,0 %). La totalidad de los 49 procesos tuvo como entidad promotora al Ministerio de Energía y Minas (Figura 3).
Figura 3
Características socioculturales e institucionales de los procesos de consulta previa en el sector minero peruano
Nota. Los porcentajes se calcularon sobre 49 procesos en cada dimensión. Las categorías de pueblo indígena y alcance de la medida corresponden a clasificaciones documentales y no representan recuentos de personas o comunidades. Fuente: Ministerio de Cultura (2025). Elaboración propia.
DISCUSIÓN
Los 49 procesos de consulta previa examinados en el sector minero peruano presentan diferencias en su estado administrativo, actividad minera, distribución territorial y características socioculturales e institucionales. La mayoría corresponde a procedimientos concluidos y relacionados con la exploración minera, concentrados principalmente en departamentos andinos y vinculados con el pueblo quechua. Estos resultados describen cómo se distribuyen los procesos registrados, aunque no permiten determinar la calidad de la participación indígena ni el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Del total de procesos, el 95,9 % se encontraba concluido y el 4,1 % permanecía en curso. Esta distribución indica que la mayoría había completado sus etapas administrativas al momento del registro, pero no permite conocer los resultados de la participación indígena. O’Diana Rocca (2022) señala la necesidad de examinar la implementación de la consulta previa más allá del cumplimiento formal de sus procedimientos. Palomino Fernández (2022) también destaca las condiciones institucionales que intervienen en su aplicación como política pública. Schilling-Vacaflor y Flemmer (2015) identificaron limitaciones de la consulta previa para contribuir a la transformación de conflictos. Por su parte, Okada (2024) examinó la importancia de las características de los procedimientos participativos para la aceptación social de proyectos mineros. Estos antecedentes permiten distinguir el cierre administrativo de un proceso de las condiciones en que se desarrolla la participación.
Los procedimientos relacionados con la exploración representaron el 83,7 %, frente al 14,3 % correspondiente a explotación y el 2,0 % pendiente de clasificación. Soto Palacios (2013) examinó las condiciones jurídicas y administrativas de la consulta previa en el sector minero, mientras que Lanegra Quispe (2014) estudió su relación con la regulación ambiental. Ambos trabajos permiten comprender que las medidas consultadas presentan particularidades según la actividad minera. Sin embargo, la mayor frecuencia de procedimientos de exploración no significa que exista una mejor aplicación del derecho en esta actividad. Para establecer diferencias en la cobertura de la consulta sería necesario conocer cuántas medidas administrativas requerían consulta en cada etapa minera.
La distribución territorial mostró una mayor concentración en Ayacucho y Apurímac, que reunieron el 50,0 % de las menciones departamentales. Les siguieron Puno, con el 12,0 %, y Cusco y Áncash, con el 10,0 % cada uno. Chinchay Tuesta y Scurrah (2024) examinaron la relación entre el ordenamiento territorial y las concesiones mineras en el Perú, destacando la importancia de los instrumentos de planificación territorial. La distribución encontrada permite identificar dónde se registraron más procedimientos, pero no establece una relación directa con la cantidad de concesiones, la producción minera o los conflictos sociales, variables que no fueron consideradas en esta investigación.
Los procesos se distribuyeron en doce departamentos, con diferencias importantes en su frecuencia. García Serrano (2014), al estudiar proyectos minero-energéticos y pueblos indígenas en Ecuador, examinó la territorialidad desde las formas de organización y autonomía indígena. Su investigación permite considerar que el territorio comprende relaciones sociales y culturales que no siempre coinciden con las divisiones administrativas. En el presente estudio se identificó la ubicación departamental de los procedimientos, pero no se examinaron las características de los territorios comunales ni las relaciones de las comunidades con las actividades mineras. Por ello, la distribución observada corresponde a los registros administrativos y no necesariamente a la extensión territorial de las medidas consultadas.
En cuanto a las características socioculturales, el 98,0 % de los procesos correspondió a registros del pueblo quechua y el 2,0 % al pueblo aimara. Alva Arévalo (2024) examinó las dificultades relacionadas con la identificación de los pueblos indígenas en el Perú, especialmente respecto al criterio de autoidentificación. Duque Morales y Mosquera Monelos (2018) analizaron la aplicación de los criterios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el ordenamiento jurídico peruano. Estas investigaciones permiten comprender que la identificación indígena comprende criterios jurídicos y socioculturales que deben considerarse al interpretar los registros. La mayor presencia quechua encontrada describe la clasificación de los procedimientos y no representa necesariamente la distribución de la población indígena vinculada con la minería.
Esta diferencia es importante porque un procedimiento puede involucrar varias comunidades u organizaciones representativas. La unidad de análisis fue cada proceso administrativo y no el número de personas participantes. Merino (2019) examinó la autodeterminación indígena y su relación con el derecho a la consulta previa, mientras que Másquez Salvador (2019) abordó la protección de los derechos colectivos frente al otorgamiento de concesiones mineras. Ambos antecedentes permiten reconocer que la participación indígena comprende aspectos que no pueden medirse únicamente mediante frecuencias administrativas. En consecuencia, los porcentajes registrados no permiten determinar cuántas personas o comunidades participaron ni las condiciones en que ejercieron este derecho.
Respecto al alcance de las medidas consultadas, el 98,0 % de los procedimientos fue clasificado como local y el 2,0 % como regional. Esta distribución muestra que las medidas registradas estuvieron vinculadas principalmente con ámbitos territoriales específicos. Sin embargo, su alcance administrativo no determina necesariamente la extensión de sus posibles consecuencias sociales o ambientales. San Martín Villaverde (2023) examinó las diferencias jurídicas entre la participación ciudadana y la consulta previa en el sector minero peruano, mientras que Eguiguren Praeli (2016) y Langlois (2025) identifican dificultades en la implementación de este derecho. Estos antecedentes permiten distinguir la clasificación territorial de una medida de las condiciones en que se desarrolla el procedimiento y sus posibles implicaciones para los pueblos involucrados.
En el ámbito institucional, el Ministerio de Energía y Minas 2024 (s. f.) figuró como entidad promotora en los 49 procesos examinados. Esta característica corresponde al sector al que pertenecen las medidas administrativas estudiadas, pero no permite evaluar el desempeño de la entidad. Merino (2025) analizó los mecanismos institucionales de la consulta previa en los sectores minero y petrolero peruanos. Castro (2024), por su parte, examinó las condiciones de implementación de la consulta durante la pandemia de COVID-19. Estas investigaciones muestran la importancia de considerar el contexto institucional en que se desarrollan los procedimientos. En este estudio, la información permitió identificar a la entidad promotora, pero no examinar sus capacidades administrativas ni las condiciones de participación de las comunidades.
CONCLUSIONES
Los procesos de consulta previa en el sector minero peruano se caracterizan por el predominio de procedimientos concluidos y una mayor presencia de medidas relacionadas con la exploración minera. Su distribución territorial muestra una concentración en departamentos andinos, particularmente en Ayacucho y Apurímac, lo que evidencia diferencias en la presencia de estos procedimientos dentro del territorio nacional. Sin embargo, la conclusión administrativa de un proceso no permite determinar si la participación indígena fue efectiva o si los acuerdos alcanzados respondieron a las expectativas de las comunidades involucradas. Por ello, resulta importante distinguir entre el desarrollo formal de la consulta y sus resultados.
En el ámbito sociocultural, destaca la participación de los pueblos quechuas, mientras que institucionalmente se observa el predominio de medidas de alcance local y la intervención del Ministerio de Energía y Minas como entidad promotora. Estas características permiten comprender cómo se organizan y distribuyen los procedimientos de consulta previa minera en el país. No obstante, el registro administrativo ofrece una visión limitada de las experiencias de las comunidades participantes. Se requiere profundizar en las condiciones de participación, la representación indígena, el contenido de los acuerdos y su cumplimiento, para conocer mejor cómo se ejerce este derecho en los territorios donde se desarrollan las actividades mineras.
DECLARACIONES
Contribución de autoría: William Villanueva Quispe: conceptualización, metodología, investigación, curación de datos, análisis formal, interpretación de resultados, redacción del borrador original, revisión y edición del manuscrito. El autor aprobó la versión final para su publicación.
Financiamiento: La investigación fue financiada íntegramente con recursos propios del autor y no recibió financiamiento externo.
Conflictos de intereses: El autor declara no tener conflictos de intereses.
REFERENCIAS
Alva Arévalo, A. I. (2024). La identificación de los pueblos indígenas en el Perú. ¿Qué está sucediendo con el criterio de autoidentificación? CUHSO, 30(1). https://doi.org/10.7770/cuhso-v30n1-art2144
Castro, A. (2024). Between plunder and shock: Prior consultation in Peru during the COVID-19 pandemic and its impact on indigenous peoples. Oñati Socio-Legal Series, 14(5), 1466–1496. https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2045
Ccormoray Ñaupa, B. (2025). La obligación de la consulta previa en proyectos de exploración minera para no vulnerar los derechos colectivos en Perú. SCIÉNDO, 28(1), 53–57. https://doi.org/10.17268/sciendo.2025.007
Chinchay Tuesta, A., & Scurrah, M. (2024). Ordenamiento territorial y concesiones mineras en el Perú: Bases para un sistema integrado y armónico con el desarrollo sostenible. Derecho PUCP, (92), 95–137. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202401.003
Duque Morales, D., & Mosquera Monelos, S. (2018). Comentarios sobre la adaptación de los criterios de identificación indígena del Convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico peruano. Derecho & Sociedad, (50), 221–233. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20389
Eguiguren Praeli, F. J. (2016). El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa: Desarrollo, dificultades y desafíos. Pensamiento Constitucional, 21(21), 61–80. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/18700
García Serrano, F. (2014). Territorialidad y autonomía, proyectos minero-energéticos y consulta previa: El caso de los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana. Anthropologica, 32(32). https://doi.org/10.18800/anthropologica.201401.006
Lanegra Quispe, I. (2014). Consulta previa, minería y regulación ambiental en la legislación nacional. Derecho & Sociedad, (42), 101–112. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12468
Langlois, M.-D. (2025). Etnografiar una consulta que no tiene lugar: Objeto de resistencia, sujetos en resistencia. Anthropologica, 43(54), 193–226. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202501.006
Másquez Salvador, Á. (2019). El derecho a la consulta previa y la garantía de la supervivencia cultural de los pueblos indígenas en el Perú, a propósito del otorgamiento de concesiones mineras. THEMIS Revista de Derecho, (74), 127–138. https://doi.org/10.18800/themis.201802.009
Merino, R. (2019). El derecho y la política de la autodeterminación indígena: El significado del derecho a la consulta previa. Derecho & Sociedad, (51), 43–58. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20857
Merino, R. (2025). Unraveling a political technology: Free, prior, and informed consent in Peruvian oil and mining sectors. Journal of Politics in Latin America, 17(1), 131–154. https://doi.org/10.1177/1866802X241284645
Ministerio de Cultura. (2024). Consulta previa en el sector minería. https://www.gob.pe/institucion/cultura/informes-publicaciones/5532083-consulta-previa-en-el-sector-mineria
Ministerio de Cultura. (s. f.). Procesos de consulta previa. https://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso
O’Diana Rocca, R. (2022). La consulta previa en actividades extractivas: Un análisis del balance y propuestas a 10 años de su aplicación en el Perú. Derecho & Sociedad, (58), 1–19. https://doi.org/10.18800/dys.202201.009
Okada, I. (2024). What procedures matter to social acceptance of mining? A conjoint experiment in Peru. World Development, 183, Article 106724. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106724
Palomino Fernández, N. (2022). La consulta previa a los pueblos indígenas u originarios como política pública en el Perú. Derecho Público Económico, (3). https://doi.org/10.18259/dpe.2023006
Ruiz Molleda, J. C. (2014). Problemas jurídicos en la implementación de la consulta previa en el Perú: O los «pretextos jurídicos» del Gobierno para incumplirla. Derecho & Sociedad, (42), 179–192. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12474
San Martín Villaverde, D. (2023). La participación ciudadana y la consulta previa en el sector minero peruano: Una crítica a la sentencia recaída en el exp. 03066-2019-PA/TC del Tribunal Constitucional. Revista de Derecho de la UNED, (31), 275–294. https://doi.org/10.5944/rduned.31.2023.37955
Schilling-Vacaflor, A., & Flemmer, R. (2015). Conflict transformation through prior consultation? Lessons from Peru. Journal of Latin American Studies, 47(4), 811–839. https://doi.org/10.1017/S0022216X15000826
Soto Palacios, M. Á. (2013). Consideraciones para la implementación del derecho a la consulta previa en el sector minero. Derecho & Sociedad, (40), 143–158. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12796
Copyright: © 2025 William Villanueva Quispe. Publicado por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Desarrollo Social – ILADESA. Este artículo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).