ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Trata de personas en el Perú durante 2021–2025: evolución de las víctimas registradas, características sociodemográficas y distribución territorial
Human Trafficking in Peru, 2021–2025: Trends in Registered Victims, Sociodemographic Characteristics, and Territorial Distribution
RESUMEN
La trata de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos asociada con diversas formas de explotación. El objetivo fue analizar la evolución de las víctimas registradas en el Perú durante 2021–2025, sus características sociodemográficas, las modalidades de explotación y captación, y su distribución territorial. Se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental, retrospectiva y longitudinal, mediante el análisis de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados mostraron 5227 registros acumulados de víctimas y un incremento del 22,8 % entre 2021 y 2025. En 2025 predominaron las mujeres (81,1 %) y los adolescentes de 13 a 17 años (40,8 %). En las denuncias policiales predominó la explotación sexual, aunque aumentó la participación relativa de la explotación laboral. Lima Centro, San Martín, Lima Norte y Huánuco concentraron los mayores registros. Se concluye que persisten diferencias sociodemográficas y territoriales que requieren medidas de prevención y protección diferenciadas.
Palabras clave: explotación laboral; explotación sexual; Perú; trata de personas; víctimas.
ABSTRACT
Human trafficking constitutes a serious violation of human rights associated with various forms of exploitation. This study aimed to analyze trends in registered trafficking victims in Peru during 2021–2025, their sociodemographic characteristics, forms of exploitation and recruitment, and territorial distribution. A quantitative, descriptive, non-experimental, retrospective, and longitudinal study was conducted using official statistics from the National Institute of Statistics and Informatics. The results showed 5,227 cumulative victim records and a 22.8% increase between 2021 and 2025. In 2025, women (81.1%) and adolescents aged 13–17 years (40.8%) predominated. Sexual exploitation remained the leading category in police reports, although the relative proportion of labor exploitation increased. Lima Centro, San Martín, Lima Norte, and Huánuco accounted for the highest numbers of registered victims. The study concludes that sociodemographic and territorial differences persist, requiring differentiated prevention and victim protection measures.
Keywords: human trafficking; labor exploitation; Peru; sexual exploitation; victims.
Cómo citar: Lima Mayhua, E. L. (2026). Trata de personas en el Perú durante 2021–2025: evolución de las víctimas registradas, características sociodemográficas y distribución territorial. PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 3(2), 35–46. https://doi.org/10.62785/prics.v3.i2.37
INTRODUCCIÓN
La trata de personas constituye una vulneración de los derechos humanos que compromete la libertad, la dignidad y la integridad de quienes son sometidos a explotación. Sus manifestaciones incluyen explotación sexual, explotación laboral y trabajos o servicios forzados, desarrollados en circunstancias diversas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024) documenta diferencias internacionales en los perfiles de las víctimas y las modalidades detectadas. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (2022) muestran la amplitud del trabajo forzoso y sus distintas expresiones. Estos antecedentes permiten comprender la trata como un fenómeno heterogéneo, cuya identificación depende tanto de las prácticas de explotación como de la capacidad de las instituciones para detectarlas.
En el Perú, la trata de personas plantea dificultades para la prevención, la investigación penal y la protección de las víctimas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025) presenta indicadores sobre víctimas y características del delito correspondientes a 2024, mientras que su publicación posterior amplía la información disponible hasta 2025 (INEI, 2026). Estas estadísticas permiten observar cambios en los registros oficiales, aunque no equivalen a una medición de todos los casos existentes. La identificación institucional, la denuncia y los procedimientos administrativos condicionan las cifras publicadas. Por ello, distinguir entre víctimas registradas y magnitud real del delito resulta indispensable para interpretar las variaciones anuales y evitar conclusiones que excedan el alcance de las fuentes.
Las características sociodemográficas ofrecen elementos relevantes para reconocer diferencias entre las víctimas identificadas. La Defensoría del Pueblo (2013) examinó la trata en agravio de niñas, niños y adolescentes y señaló problemas relacionados con su protección. La edad y el sexo permiten describir la composición de los registros, pero no explican por sí solos las circunstancias de victimización. La nacionalidad también requiere una interpretación cuidadosa. Blanco y Marinelli (2017) destacan la necesidad de diferenciar a las víctimas extranjeras de las personas en situación migratoria irregular, para garantizar sus derechos. Blouin (2017), al analizar la normativa peruana sobre tráfico de migrantes, aporta elementos para distinguir este delito de la trata de personas. La diferenciación jurídica evita confundir procesos migratorios con situaciones de explotación y favorece respuestas institucionales apropiadas.
La actuación estatal comprende medidas de prevención, persecución penal, asistencia y protección. El Ministerio del Interior (2021) estableció la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, que propone una respuesta articulada entre entidades públicas. Sin embargo, la formulación de instrumentos de política no asegura su implementación. La Defensoría del Pueblo (2020) examinó el abordaje judicial de la trata e identificó aspectos de la respuesta institucional que requieren fortalecimiento. Por su parte, el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (2022) analizó la actuación fiscal frente al delito y los desafíos asociados con su investigación. Estos documentos permiten situar los registros estadísticos dentro de un sistema institucional que interviene en la detección de víctimas y el procesamiento de los casos.
La complejidad del fenómeno también se expresa en las exigencias probatorias y sus posibles conexiones con otras actividades ilícitas. Cárdenas Díaz (2025) analiza el tratamiento jurisprudencial y normativo de la trata de personas, así como las dificultades relacionadas con el acceso a la justicia. El Ministerio Público del Perú (2025) aborda su posible vinculación con el lavado de activos, incorporando la dimensión económica de la explotación. Tales perspectivas amplían la comprensión del delito, pero requieren evidencia que no puede deducirse de distribuciones porcentuales o recuentos administrativos. La descripción estadística debe, por tanto, diferenciarse del análisis jurídico y de las investigaciones sobre redes delictivas, sin perder de vista su complementariedad.
Pese a la disponibilidad de publicaciones oficiales y estudios especializados, resulta necesario examinar de manera integrada la evolución temporal de las víctimas registradas, sus características sociodemográficas y las diferencias territoriales. También importa distinguir los datos fiscales sobre víctimas de las denuncias policiales clasificadas según finalidad de explotación y mecanismos de captación. Ambas fuentes responden a procedimientos y unidades de registro diferentes, por lo que su combinación indiscriminada podría generar interpretaciones incorrectas. Una lectura descriptiva y comparativa permite reconocer tendencias y contrastes sin atribuir relaciones causales que los datos no permiten establecer. En esa línea, el objetivo es analizar la evolución de las víctimas registradas de trata de personas en el Perú durante 2021–2025, sus características sociodemográficas, las finalidades de explotación y los mecanismos, así como su distribución territorial por distrito fiscal.
METODOLOGÍA
Diseño y ubicación de investigación
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, alcance descriptivo, carácter retrospectivo y dimensión longitudinal. Se realizó un análisis secundario de estadísticas oficiales sobre trata de personas en el Perú, correspondientes al periodo 2021–2025, sin intervenir en la generación de los registros ni modificar las condiciones bajo las cuales fueron recopilados. El ámbito geográfico comprendió el territorio nacional, considerando los registros de las instituciones competentes en la identificación e investigación de este delito.
El análisis longitudinal permitió examinar la evolución anual de las víctimas registradas entre 2021 y 2025. Para 2024 y 2025 se compararon las características sociodemográficas de las víctimas y las denuncias policiales clasificadas según finalidad de explotación, modalidad de captación y medio empleado. Asimismo, se examinó la distribución de las víctimas registradas durante 2025 por distrito fiscal. El estudio se limitó a describir las variaciones temporales y las diferencias observadas en las estadísticas institucionales, sin establecer relaciones causales ni estimar la incidencia real de la trata de personas.
Población y unidades de análisis
La población de referencia comprendió los registros administrativos sobre trata de personas generados por las instituciones públicas competentes en el Perú durante 2021–2025. Las unidades de análisis estuvieron constituidas por estadísticas agregadas de víctimas registradas por el Ministerio Público y de denuncias policiales registradas por el Ministerio del Interior, sistematizadas y publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026). Ambas fuentes se diferenciaron por sus procedimientos institucionales y unidades de registro.
Para el análisis temporal se utilizaron los registros anuales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), que sumaron 5227 registros de víctimas durante el periodo estudiado. Esta cifra representa la acumulación de los registros anuales y no necesariamente corresponde al mismo número de personas únicas, debido a que las estadísticas agregadas no permiten verificar posibles duplicaciones entre años. La caracterización sociodemográfica comprendió las distribuciones por sexo, grupo de edad y nacionalidad correspondientes a 2024 y 2025, mientras que el análisis territorial consideró los 1098 registros de víctimas de 2025, clasificados por distrito fiscal.
De manera complementaria, se analizaron las distribuciones porcentuales de las denuncias policiales de 2024 y 2025 según finalidad de explotación, modalidad de captación y medio empleado. Se incluyeron todos los datos agregados disponibles para las variables y periodos seleccionados, por lo que no se aplicaron procedimientos de muestreo. La información fiscal y policial se examinó por separado para preservar la correspondencia entre cada indicador y su respectiva unidad de registro.
Instrumentos
Se empleó la técnica de análisis documental de estadísticas oficiales, utilizando como instrumento de sistematización una matriz de extracción de datos. La fuente principal fue el informe Perú: Estadísticas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 2025, publicado por el INEI (2026), junto con su anexo estadístico en formato Excel. La información examinada procedió de registros administrativos del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, según la naturaleza de los indicadores seleccionados.
La matriz de extracción se organizó por año, institución de procedencia, unidad de registro, variable, categoría y valor estadístico. Se incorporaron las frecuencias anuales de víctimas, las distribuciones porcentuales por sexo, grupo de edad y nacionalidad, los registros por distrito fiscal y los porcentajes de denuncias policiales según finalidad de explotación, modalidad de captación y medio empleado. Se conservaron las denominaciones y categorías de las publicaciones oficiales, diferenciando las frecuencias absolutas de las distribuciones porcentuales para evitar interpretaciones entre indicadores no equivalentes.
Procesamiento y análisis de datos
Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas, porcentajes y variaciones porcentuales. La evolución de las víctimas registradas durante 2021–2025 se examinó a partir de los recuentos anuales, calculando la variación interanual respecto del año precedente y el cambio porcentual entre el primer y último año del periodo. La suma de los registros anuales se presentó como total acumulado, sin asumir que representara un recuento de personas únicas.
Las características sociodemográficas de las víctimas y las distribuciones de denuncias policiales se compararon entre 2024 y 2025 mediante sus respectivos porcentajes, identificando los cambios en puntos porcentuales. Los indicadores de finalidad de explotación, modalidad de captación y medio empleado se interpretaron exclusivamente como características de las denuncias policiales, sin extrapolar sus distribuciones a la totalidad de las víctimas registradas por el Ministerio Público.
La distribución territorial se examinó mediante frecuencias y porcentajes de víctimas registradas por distrito fiscal durante 2025, utilizando como denominador los 1098 registros nacionales de ese año. Se presentaron individualmente los nueve distritos fiscales con mayores frecuencias y se agruparon los restantes en la categoría «Otros distritos fiscales». Esta clasificación permitió describir la concentración de los registros, sin interpretar las diferencias territoriales como tasas de victimización o niveles comparables de riesgo.
RESULTADOS
Figura 1
Evolución de las víctimas registradas de trata de personas en el Perú, 2021–2025
Nota. La variación interanual se calculó respecto del año anterior. El total corresponde a registros acumulados. Fuente: Ministerio Público (FISTRAP), según INEI (2026).
Durante el periodo 2021–2025, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas registraron un total acumulado de 5227 víctimas en el Perú. Los registros aumentaron de 894 en 2021 a 1112 en 2024, con el mayor incremento interanual en 2022 (13,4 %), seguido de 2023 (9,4 %). En 2024, el crecimiento fue de apenas 0,3 %, mientras que en 2025 se registró una ligera disminución de 1,3 %, hasta alcanzar 1098 víctimas. Pese a esta reducción, la cifra de 2025 fue un 22,8 % superior a la registrada al inicio del periodo (Figura 1).
Figura 2
Perfil sociodemográfico de las víctimas registradas de trata de personas en el Perú, 2024–2025
Nota. Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio Público (FISTRAP), publicados por el INEI (2026).
Las mujeres y los adolescentes de 13 a 17 años concentraron las mayores proporciones de víctimas registradas de trata de personas en el Perú durante 2024 y 2025. La participación femenina disminuyó del 84,1 % al 81,1 %, mientras que la masculina aumentó del 15,9 % al 18,9 %. Según la edad, el grupo de 13 a 17 años mantuvo la mayor proporción, aunque descendió del 43,2 % al 40,8 %. También se observó una reducción en el grupo de 18 a 24 años, del 28,6 % al 18,5 %, mientras que la participación de las personas de 25 a 34 años aumentó del 17,1 % al 19,4 %. Por nacionalidad, predominaron las víctimas peruanas, cuya proporción pasó del 83,6 % al 87,7 %, en contraste con la disminución de las víctimas venezolanas, del 12,1 % al 7,6 % (Figura 2).
Figura 3
Características de la captación y explotación en las denuncias registradas por trata de personas en el Perú, 2024–2025
Nota. Los porcentajes corresponden a denuncias registradas y no a víctimas individuales. Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio del Interior, publicados por el INEI (2026).
La explotación sexual constituyó la principal finalidad identificada en las denuncias policiales por trata de personas en el Perú, aunque su participación disminuyó del 62,1 % en 2024 al 59,5 % en 2025. En contraste, la explotación laboral aumentó del 25,1 % al 34,6 %. Respecto a las modalidades de captación, predominó la oferta de trabajo, cuya proporción descendió del 80,8 % al 75,7 %, mientras que la captación mediante internet aumentó del 14,6 % al 16,8 %. Entre los medios empleados, el engaño mantuvo la mayor participación, pese a disminuir del 85,6 % al 68,2 %, mientras que la concesión o recepción de pagos aumentó del 4,9 % al 16,4 % (Figura 3).
Figura 4
Distribución territorial de las víctimas registradas de trata de personas en el Perú, según distrito fiscal, 2025
Nota. Los porcentajes se calcularon sobre el total nacional. Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio Público (FISTRAP), publicados por el INEI (2026).
La distribución territorial de las víctimas registradas de trata de personas en el Perú durante 2025 mostró una mayor concentración en los distritos fiscales de Lima Centro (13,2 %), San Martín (12,7 %), Lima Norte (12,2 %) y Huánuco (10,6 %), que representaron el 48,6 % del total nacional. Les siguieron Madre de Dios (7,2 %) y Piura (6,6 %), mientras que Loreto (4,5 %), La Libertad (3,6 %) y Cusco (3,6 %) registraron participaciones menores. Los demás distritos fiscales concentraron el 25,9 % de las víctimas registradas. Estas diferencias corresponden a la distribución de los registros institucionales y no necesariamente reflejan la incidencia real del delito en cada territorio (Figura 4).
DISCUSIÓN
Los registros de víctimas de trata de personas en el Perú aumentaron entre 2021 y 2024, seguidos de una ligera disminución en 2025. Este resultado guarda relación con lo señalado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024), que documenta la persistencia de la trata y las variaciones en la detección de víctimas a escala internacional. Farfán (2026) también advierte que el conocimiento sobre este delito en el Perú está condicionado por la disponibilidad y las características de las fuentes institucionales. El incremento observado puede expresar una mayor identificación de víctimas, cambios en las situaciones de explotación o ambos procesos. La continuidad de los registros durante los cinco años confirma la relevancia de examinar la evolución del fenómeno sin equiparar las cifras oficiales con su magnitud real.
La presencia sostenida de víctimas registradas revela la importancia de examinar la respuesta institucional frente a la trata de personas. Este resultado encuentra un referente en Ancí et al. (2024), quienes documentaron experiencias de explotación y dificultades relacionadas con la atención de las víctimas. Asimismo, el Ministerio del Interior (2021) reconoce, mediante la política nacional al 2030, la necesidad de articular la prevención, investigación y protección. La continuidad de los casos identificados muestra que la intervención estatal comprende procesos que van más allá de la persecución penal. La coordinación entre fiscalías, dependencias policiales y servicios especializados adquiere importancia para asegurar que la identificación de las víctimas esté acompañada de mecanismos efectivos de asistencia y restitución de derechos.
Se encontró que las mujeres concentraron la mayor proporción de víctimas registradas durante 2024 y 2025. Este hallazgo es compatible con lo descrito por Mujica (2014), quien identificó relaciones de dependencia y sometimiento en las trayectorias de mujeres sometidas a explotación sexual en la Amazonía peruana. Chávez (2025) también examinó las dificultades jurídicas y probatorias presentes en la investigación de esta modalidad delictiva, mientras que Oram et al. (2012) documentaron consecuencias físicas, psicológicas y sexuales entre personas afectadas por la trata. La elevada presencia femenina en los registros evidencia la importancia de considerar las desigualdades de género en las experiencias de explotación y protección. Sin embargo, la participación de víctimas masculinas recuerda que las formas de sometimiento pueden afectar a poblaciones con características diferentes.
Los adolescentes de 13 a 17 años representaron el grupo de edad con mayor participación entre las víctimas registradas. Este resultado es consistente con la relevancia de la victimización de menores de edad documentada por la Defensoría del Pueblo (2013), que identificó dificultades en su protección institucional. Mujica y Cavagnoud (2011) encontraron que la explotación sexual de niñas y adolescentes en Pucallpa se desarrollaba mediante relaciones de poder y prácticas de sometimiento vinculadas con sus entornos sociales. La concentración observada puede comprenderse considerando las condiciones de dependencia y las limitaciones en los mecanismos de protección que afectan a determinados adolescentes. Su presencia en las estadísticas también destaca la importancia de reconocer oportunamente situaciones de captación y explotación en espacios familiares, educativos y comunitarios.
Otro hallazgo mostró que las víctimas peruanas mantuvieron el predominio en los registros, mientras que la participación relativa de las venezolanas disminuyó. Blanco y Marinelli (2017) identificaron dificultades en la protección de víctimas extranjeras cuando su condición migratoria se confunde con las circunstancias de explotación. Loayza (2024) examinó la presencia de población venezolana en investigaciones sobre trata con fines de explotación sexual, mientras que Fernández-Sánchez et al. (2026) abordaron las relaciones entre migración internacional y trata sexual. Estos antecedentes permiten comprender que la nacionalidad y la movilidad humana intervienen en contextos de vulnerabilidad diferenciados. El predominio de víctimas peruanas muestra, además, que la trata registrada no se limita a procesos migratorios internacionales, sino que también afecta a personas dentro del territorio nacional.
La explotación sexual continuó siendo la principal finalidad identificada en las denuncias policiales, aunque la explotación laboral incrementó su participación durante 2024–2025. Este resultado se relaciona con la diversidad de situaciones de explotación documentada por la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (2022), que identificaron distintas manifestaciones del trabajo forzoso. Stöckl et al. (2021) también encontraron diferencias en las experiencias de violencia de sobrevivientes de trata según las circunstancias de explotación. El aumento relativo de las denuncias vinculadas con explotación laboral adquiere importancia porque amplía las modalidades que requieren atención institucional. Las condiciones de coerción pueden presentarse en actividades económicas diversas, donde las relaciones laborales encubren restricciones de libertad y otras formas de sometimiento.
Las ofertas de trabajo constituyeron la principal modalidad de captación registrada, mientras que internet y las ofertas de estudio aumentaron su participación relativa. Este hallazgo puede contextualizarse mediante Mujica (2014) y Ancí et al. (2024), cuyas investigaciones describen relaciones y circunstancias de explotación que involucran mecanismos de acercamiento y sometimiento de las víctimas. La elevada presencia de ofertas laborales muestra la importancia que pueden adquirir las expectativas de empleo en los procesos de captación. Por otro lado, el engaño continuó siendo el medio empleado con mayor frecuencia, aunque aumentó la participación de la concesión o recepción de pagos. Estas diferencias indican que la captación y el sometimiento comprenden procedimientos diversos, cuya identificación requiere atender tanto a las promesas utilizadas para establecer contacto como a los mecanismos posteriores de control.
La distribución territorial mostró una mayor concentración de víctimas registradas en Lima Centro, San Martín, Lima Norte y Huánuco. Este resultado encuentra un referente contextual en Carbajal (2024), quien examinó la función preventiva frente a la trata de personas en Ayacucho y destacó la importancia de las condiciones territoriales e institucionales. Las diferencias observadas pueden estar relacionadas con las características de los contextos locales y con las capacidades de identificación e investigación de las autoridades. La concentración de registros en determinados distritos fiscales también permite reconocer dónde se presenta una mayor demanda documentada de intervención. No obstante, las jurisdicciones fiscales no necesariamente coinciden con los departamentos y sus frecuencias absolutas no representan tasas comparables de victimización.
La investigación presenta limitaciones relacionadas con el uso de estadísticas secundarias y agregadas. Los registros dependen de los procedimientos institucionales de identificación y denuncia, por lo que no comprenden necesariamente todas las situaciones de trata existentes. Asimismo, la suma de registros anuales no permite establecer el número de personas únicas durante 2021–2025. Las diferencias entre las estadísticas fiscales de víctimas y las denuncias policiales restringen las comparaciones directas, mientras que el carácter preliminar de los datos policiales de 2025 exige cautela. La ausencia de información individual también impide examinar relaciones entre características sociodemográficas, modalidades de explotación y mecanismos de captación. Estas restricciones delimitan el alcance de los hallazgos y plantean la necesidad de investigaciones con información desagregada y estudios sobre las experiencias de las víctimas.
CONCLUSIONES
Los registros de víctimas de trata de personas en el Perú presentaron una tendencia creciente entre 2021 y 2024, seguida de una ligera disminución en 2025, aunque permanecieron por encima del nivel registrado al inicio del periodo. Las mujeres y los adolescentes constituyeron los grupos con mayor participación en las estadísticas fiscales, mientras que las víctimas de nacionalidad peruana mantuvieron su predominio. Estas características muestran diferencias en la composición de las víctimas identificadas y evidencian la importancia de considerar sus condiciones particulares de protección, sin asumir que los registros administrativos representan la magnitud real del delito.
La explotación sexual continuó siendo la principal finalidad registrada en las denuncias policiales, aunque aumentó la participación relativa de la explotación laboral. Las ofertas de trabajo y el engaño mantuvieron su predominio entre los mecanismos de captación y los medios empleados, respectivamente, mientras que internet y la concesión o recepción de pagos adquirieron mayor participación. Territorialmente, los registros se concentraron principalmente en Lima Centro, San Martín, Lima Norte y Huánuco, reflejando diferencias en la distribución de las víctimas identificadas. Estos resultados destacan la necesidad de fortalecer la identificación y protección de las víctimas mediante intervenciones diferenciadas según las modalidades de explotación y las características territoriales, considerando las limitaciones de las estadísticas institucionales.
DECLARACIONES
Contribución de autoría: Eva Liz Lima Mayhua fue responsable de la conceptualización de la investigación, el diseño metodológico, la recopilación y el procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los resultados y la redacción del manuscrito y aprobó la versión final para su publicación.
Financiamiento: La investigación se desarrolló sin financiamiento externo.
Conflictos de intereses: La autora declara no tener conflictos de intereses relacionados con la investigación, los resultados presentados ni la publicación del manuscrito.
REFERENCIAS
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Copyright: © 2026 Eva Liz Lima Mayhua. Publicado por PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, editada por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Desarrollo Social (ILADESA). Este artículo es de acceso abierto y se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).