ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú: evolución de los homicidios, extorsiones y victimización durante 2022–2025
Crime and Citizen Insecurity in Peru: Trends in Homicides, Extortion, and Victimization, 2022–2025
RESUMEN
La criminalidad y la inseguridad ciudadana constituyen problemas persistentes en el Perú, caracterizados por el incremento de la violencia homicida, las extorsiones y la preocupación de la población frente a la delincuencia. La investigación tuvo como objetivo analizar la evolución de los homicidios, las denuncias por delitos seleccionados, la victimización y la percepción de inseguridad ciudadana durante 2022–2025. Se empleó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo, mediante el análisis de estadísticas oficiales del CEIC, SIDPOL y ENAPRES. Los resultados mostraron que la tasa de homicidios aumentó de 8,6 a 10,7 por cada 100 000 habitantes, mientras que las denuncias por extorsión crecieron un 62,6 % y las de robo disminuyeron un 30,2 %. En 2025, la victimización urbana alcanzó el 25,3 % y la percepción de inseguridad el 84,4 %. Se concluye que la criminalidad presentó tendencias diferenciadas, cuya atención requiere intervenciones públicas específicas según las modalidades delictivas y las condiciones territoriales.
Palabras clave: criminalidad; extorsión; homicidios; inseguridad ciudadana; victimización.
ABSTRACT
Crime and citizen insecurity remain persistent social problems in Peru, characterized by increasing lethal violence, extortion, and public concern about crime. This study aimed to analyze trends in homicides, reported selected crimes, victimization, and perceived insecurity from 2022 to 2025. A quantitative approach with a descriptive scope and a non-experimental, longitudinal, retrospective design was employed, using official statistics from CEIC, SIDPOL, and ENAPRES. The results showed that the homicide rate increased from 8.6 to 10.7 per 100,000 inhabitants, while reported extortion cases rose by 62.6% and reported robberies decreased by 30.2%. In 2025, urban victimization reached 25.3%, while perceived insecurity stood at 84.4%. The study concludes that crime exhibited divergent trends, requiring targeted public interventions tailored to specific types of crime and territorial conditions.
Keywords: citizen insecurity; crime; extortion; homicide; victimization.
Cómo citar: Ticona Ticona, S. (2026). Criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú: evolución de los homicidios, extorsiones y victimización durante 2022–2025. PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 3(3), 11–22. https://doi.org/10.62785/prics.v3.i3.39
INTRODUCCIÓN
La inseguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales del Perú por sus consecuencias sobre la convivencia, las actividades económicas y la confianza en las instituciones públicas. Su estudio comprende distintas manifestaciones de la criminalidad, desde los delitos contra el patrimonio hasta las formas de violencia que amenazan directamente la vida. Figueroa Gutarra (2024) examinó la seguridad ciudadana como un derecho humano vinculado con el deber estatal de prevención. Esta perspectiva sitúa la protección de la población entre las responsabilidades fundamentales del Estado, especialmente cuando la delincuencia limita el ejercicio de derechos y modifica las condiciones de vida de las personas.
En América Latina, la criminalidad genera costos económicos y sociales que afectan tanto a los ciudadanos como a las instituciones. Perez-Vincent et al. (2024) actualizaron las estimaciones sobre los costos del crimen y la violencia en la región, considerando las pérdidas ocasionadas por los delitos y los recursos destinados a enfrentarlos. En el Perú, la preocupación por la seguridad se ha intensificado ante la expansión de modalidades delictivas que afectan actividades comerciales y servicios esenciales (INEI, 2026c). La violencia criminal también modifica las relaciones entre ciudadanos y autoridades, particularmente cuando la población considera insuficientes las medidas de protección y prevención.
La extorsión constituye una de las manifestaciones que ha adquirido mayor relevancia en el contexto peruano. Velazco Mendoza (2025) examinó la acción colectiva del sector transporte frente a las extorsiones y asesinatos atribuidos a organizaciones criminales, así como las demandas dirigidas al Estado. Desde otra aproximación, Lazo García y Rivas Champion (2022) estudiaron las relaciones de poder entre extorsionadores y víctimas mediante el análisis de conversaciones telefónicas. Ambas investigaciones permiten reconocer las consecuencias económicas y sociales de este delito, además de las formas de intimidación que intervienen en su ejecución.
La medición de la criminalidad requiere distinguir entre los delitos registrados por las autoridades y aquellos experimentados por la población. Las denuncias policiales permiten conocer los hechos comunicados a las instituciones, mientras que las encuestas de victimización recogen experiencias que no siempre llegan a denunciarse. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026a) presenta estadísticas sobre criminalidad, seguridad ciudadana y violencia que permiten examinar estas diferencias. Sin embargo, los procedimientos de registro, la subdenuncia y los periodos de referencia condicionan la interpretación de las cifras. Una reducción de denuncias no representa necesariamente una disminución equivalente de los delitos cometidos.
Entre las manifestaciones más graves se encuentran los homicidios, cuya evolución permite examinar la magnitud de la violencia letal. El INEI (2026b) documentó las variaciones de las tasas de homicidio y otros indicadores de seguridad ciudadana durante 2022–2025. Estos registros proporcionan información para identificar cambios temporales y diferencias territoriales, aunque su interpretación requiere considerar los procedimientos de clasificación y consolidación estadística. La gravedad de los homicidios justifica su análisis diferenciado respecto de los delitos patrimoniales, cuyas frecuencias y consecuencias responden a características distintas.
La criminalidad comprende conductas y circunstancias que dificultan su tratamiento como un fenómeno homogéneo. Zuluaga Taborda y Galain Palermo (2025) examinaron los límites de la respuesta procesal penal frente a la inseguridad percibida, mientras que Benites Guerrero et al. (2024) investigaron factores asociados a los perfiles de adolescentes en conflicto con la ley. Estas investigaciones abordan problemas diferentes, pero muestran la diversidad de situaciones comprendidas en el estudio del delito. Su consideración resulta pertinente para evitar interpretaciones generales basadas exclusivamente en el comportamiento de una modalidad delictiva.
La percepción de inseguridad constituye otra dimensión del problema, pues el temor puede persistir entre personas que no han experimentado directamente un delito. Danieli y Paz García (2020) estudiaron sus dimensiones psicosociales y el tratamiento mediático del miedo al delito. Grijalva Eternod y Fernández Molina (2017) analizaron la relación entre corrupción, desconfianza policial y temor en México, mientras que Schafer et al. (2006) examinaron diferencias de género entre victimización y miedo. Estas investigaciones permiten distinguir las experiencias personales de las valoraciones que realizan los ciudadanos sobre su seguridad.
En el contexto peruano, Kanashiro (2021) investigó las prácticas de seguridad de los sectores de menores recursos en Lima, considerando las experiencias cotidianas y las respuestas frente al temor. Reyes-Sosa et al. (2026), mediante una revisión sistemática, examinaron las aproximaciones conceptuales utilizadas para estudiar el miedo al delito en Iberoamérica y América Latina. Por su parte, Sánchez-Rentería et al. (2016) destacaron la utilidad de los observatorios de seguridad ciudadana para organizar información y apoyar decisiones públicas. Estas contribuciones ofrecen antecedentes para examinar la criminalidad registrada y la inseguridad percibida sin confundir sus alcances. La investigación tiene como objetivo analizar la evolución de los homicidios, las denuncias por delitos seleccionados, la victimización y la percepción de inseguridad ciudadana en el Perú durante 2022–2025.
METODOLOGÍA
Diseño y ámbito del estudio
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo. Se analizaron las variaciones de los homicidios, las denuncias por delitos seleccionados, la victimización y la percepción de inseguridad ciudadana en el Perú durante 2022–2025. El estudio se sustentó en información estadística secundaria de cobertura nacional y territorial, sin manipulación de variables ni aplicación de procedimientos experimentales.
El ámbito de estudio comprendió el territorio peruano, considerando indicadores nacionales y tasas de homicidios de territorios seleccionados para 2025. La información procedió de publicaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), que reúnen estadísticas sobre homicidios, denuncias policiales e indicadores de seguridad ciudadana.
Unidades de análisis y selección de indicadores
Las unidades de análisis estuvieron constituidas por los registros estadísticos agregados de criminalidad e inseguridad ciudadana del Perú correspondientes al periodo 2022–2025, organizados por año y, cuando correspondió, por ámbito territorial. Se utilizaron indicadores provenientes de fuentes oficiales, sin realizar un muestreo directo de personas.
Se seleccionaron las series anuales del número de homicidios y sus tasas por cada 100 000 habitantes; las denuncias policiales por extorsión, robo, hurto, estafa y secuestro; y los indicadores de victimización y percepción de inseguridad en la población urbana de 15 y más años. También se incluyeron las tasas de homicidios de seis territorios seleccionados para 2025, utilizando el valor nacional como referencia comparativa.
Instrumentos
Se utilizaron como fuentes de información los reportes estadísticos del INEI y del CEIC, los registros del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). Estas fuentes proporcionaron información sobre homicidios, denuncias por delitos seleccionados, experiencias de victimización y percepción de inseguridad ciudadana.
Los indicadores fueron examinados según su naturaleza y unidad de medida. Los homicidios se expresaron mediante frecuencias absolutas y tasas por cada 100 000 habitantes; las denuncias policiales, mediante el número de hechos registrados; y la victimización y percepción de inseguridad, mediante porcentajes correspondientes a la población urbana de 15 y más años. Se mantuvieron las definiciones estadísticas y los periodos de referencia establecidos por las fuentes oficiales.
Procesamiento y análisis de datos
La información se organizó en series anuales correspondientes al periodo 2022–2025. Se revisaron los valores publicados para cada indicador y se sistematizaron en tablas comparativas, diferenciando los registros de homicidios, las denuncias policiales y los resultados de las encuestas de victimización y percepción de inseguridad.
El análisis se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas, tasas, porcentajes y variaciones porcentuales acumuladas para examinar los cambios registrados entre 2022 y 2025. Asimismo, se compararon las tasas de homicidios de los territorios seleccionados con el promedio nacional. Las denuncias policiales se interpretaron como hechos registrados en SIDPOL y no como la totalidad de delitos ocurridos, considerando la posible existencia de subregistro. No se aplicaron pruebas inferenciales ni modelos explicativos, por lo que los resultados describen tendencias temporales y diferencias territoriales sin establecer relaciones causales.
RESULTADOS
Figura 1
Evolución del número de homicidios y la tasa nacional por cada 100 000 habitantes en el Perú, 2022–2025
Nota. INEI, Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC, 2026).
El número de homicidios en el Perú aumentó de 2 879 en 2022 a 3 675 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 27,6 %. Durante el mismo periodo, la tasa nacional pasó de 8,6 a 10,7 homicidios por cada 100 000 habitantes. El crecimiento fue continuo durante los cuatro años examinados (Figura 1).
Figura 2
Evolución de las denuncias policiales por delitos seleccionados en el Perú, 2022–2025
Nota. Cada panel presenta una escala independiente debido a las diferencias en el número de denuncias entre delitos. Fuente: Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), INEI/CEIC (2026).
Las denuncias por extorsión aumentaron un 62,6 % entre 2022 y 2025, mientras que las correspondientes a robo disminuyeron un 30,2 % y las de secuestro un 13,7 %. El hurto presentó un comportamiento fluctuante, con su mayor registro en 2023 (232 398 denuncias), mientras que las estafas alcanzaron su valor máximo en 2024 (39 912 denuncias). Estas variaciones muestran tendencias diferenciadas entre los delitos registrados durante el periodo analizado (Figura 2).
Figura 3
Evolución de la victimización y la percepción de inseguridad ciudadana en la población urbana de 15 y más años en el Perú, 2022–2025
Nota. Los indicadores corresponden a distintos periodos de referencia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES, 2026).
La Figura 3 muestra que la percepción general de inseguridad ciudadana se mantuvo por encima del 83 % durante 2022–2025, alcanzando su mayor valor en 2024 (86,0 %). La victimización aumentó del 22,9 % en 2022 al 27,1 % en 2023 y 2024, antes de disminuir al 25,3 % en 2025. Por su parte, la percepción de inseguridad al caminar sin compañía durante la noche descendió del 61,2 % al 57,5 % entre los extremos del periodo, con su menor registro en 2024 (56,6 %).
Figura 4
Tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes en territorios seleccionados del Perú, 2025
Nota. Las cifras corresponden a tasas para 2025. El total nacional se presenta como referencia comparativa. Fuente: INEI/CEIC (2026).
Las mayores tasas de homicidios entre los territorios seleccionados se registraron en Madre de Dios (24,6), Callao (23,6) y Región Lima (23,1), seguidos de Tumbes (20,6). Puno (14,8) y La Libertad (14,5) presentaron tasas menores, aunque también superiores al promedio nacional de 10,7 homicidios por cada 100 000 habitantes. Estas diferencias muestran una distribución territorial desigual de la violencia homicida durante 2025 (Figura 4).
DISCUSIÓN
Se encontró que la criminalidad y la inseguridad ciudadana en el Perú presentaron tendencias diferenciadas durante 2022–2025. Los homicidios y las denuncias por extorsión aumentaron, mientras que los registros de robo y secuestro disminuyeron y la percepción de inseguridad permaneció elevada. Este resultado guarda relación con lo señalado por Hernández et al. (2020), quienes identificaron la importancia de las desigualdades sociales, la diversidad delictiva y el capital social en el miedo al delito en el Perú. La evolución de los indicadores muestra que las distintas manifestaciones de la criminalidad no necesariamente siguen una misma dirección. El incremento de determinadas modalidades delictivas puede coexistir con la reducción de otras, mientras que la preocupación ciudadana responde también a las condiciones sociales y a las experiencias de inseguridad.
La tasa nacional de homicidios aumentó de manera sostenida durante el periodo estudiado, lo que evidencia un agravamiento de la violencia letal registrada en el país. Este resultado adquiere relevancia frente a lo señalado por Hernández-Vásquez et al. (2025), quienes destacaron la necesidad de contar con registros precisos y oportunos para conocer la magnitud de los homicidios en el Perú. El incremento observado constituye una preocupación para la seguridad ciudadana, debido a que los homicidios representan una de las manifestaciones más graves de la violencia criminal. Su crecimiento también plantea mayores exigencias para las instituciones encargadas de prevenir estos hechos, investigar sus circunstancias y desarrollar intervenciones orientadas a proteger la vida de la población.
El aumento de los homicidios también revela la importancia de examinar las condiciones sociales relacionadas con la violencia letal. Escaño y Pridemore (2024), mediante un análisis longitudinal de países latinoamericanos, encontraron asociaciones entre el consumo poblacional de alcohol y las tasas de homicidio, mostrando que estas pueden relacionarse con características sociales específicas. Aunque la presente investigación no examinó factores explicativos, el crecimiento registrado en el Perú plantea la necesidad de estudiar las circunstancias en las que ocurren estos delitos. Las variaciones de la violencia homicida pueden responder a situaciones diferentes según los territorios y las modalidades de ejecución, por lo que su comprensión requiere información que permita distinguir los contextos en los que se producen.
Por otro lado, se determinó que las denuncias por extorsión registraron uno de los incrementos más pronunciados entre los delitos examinados. Este resultado guarda relación con lo expuesto por Velazco Mendoza (2025), quien identificó las amenazas extorsivas y los asesinatos asociados con la criminalidad como motivos de movilización del sector transporte en el Perú. Asimismo, Lazo García y Rivas Champion (2022) evidenciaron la importancia de las relaciones de intimidación y sometimiento entre extorsionadores y víctimas. El crecimiento de las denuncias muestra la relevancia adquirida por una modalidad delictiva que afecta directamente las actividades económicas y la seguridad de las personas. Las amenazas y exigencias económicas pueden alterar el funcionamiento cotidiano de los negocios, limitar las actividades laborales y generar preocupación entre quienes dependen de estos ingresos.
El incremento de las denuncias por extorsión también plantea dificultades para la respuesta institucional frente a la criminalidad. Este hallazgo se relaciona con el análisis de Montes Plasencia (2025), quien examinó el aumento de la extorsión en el Perú y la necesidad de revisar las disposiciones normativas destinadas a enfrentarla. Por su parte, Baldino Mayer y Romero Basurco (2024) identificaron problemas vinculados con la eficiencia policial en el combate de la criminalidad peruana. Estos aportes permiten reconocer que el tratamiento de la extorsión requiere considerar tanto las capacidades de investigación como los mecanismos de protección de las víctimas. La persistencia de amenazas puede afectar la disposición a denunciar, especialmente cuando las personas consideran que acudir a las autoridades podría exponerlas a nuevas represalias.
Las denuncias por robo y secuestro disminuyeron entre los extremos del periodo estudiado, en contraste con el crecimiento de la extorsión. Este resultado puede interpretarse considerando los aportes de Arela-Bobadilla (2023), quien examinó las relaciones entre los linchamientos y la frecuencia de delitos denunciados en el Perú, mostrando la importancia de analizar los registros policiales dentro de sus circunstancias sociales. Las variaciones de las denuncias no dependen exclusivamente de la ocurrencia de hechos delictivos, sino también de la disposición de las víctimas a comunicarlos a las autoridades. Por ello, la reducción observada en determinadas modalidades debe distinguirse de una disminución comprobada de su incidencia real, particularmente cuando existen dificultades de acceso a los servicios policiales o desconfianza en las instituciones.
Las modalidades delictivas examinadas también mostraron comportamientos distintos, lo que evidencia la diversidad de problemas comprendidos en la criminalidad peruana. Lagos Flores (2024) destacó la complejidad de la criminalidad organizada transnacional y sus implicaciones para la seguridad pública, mientras que Chanjan Documet et al. (2025) identificaron dificultades de la política criminal peruana frente a organizaciones delictivas de cuello blanco. Aunque estas investigaciones abordan expresiones específicas de la criminalidad, permiten comprender que las actividades delictivas presentan características organizativas y operativas diferentes. En el periodo estudiado, el crecimiento de la extorsión y los homicidios, frente a la reducción de otros registros policiales, refuerza la importancia de distinguir las modalidades delictivas al formular medidas de prevención, investigación y control.
Otro hallazgo revelador indica que la victimización urbana disminuyó durante 2025, mientras que la percepción de inseguridad permaneció elevada. Este resultado coincide con los aportes de Kanashiro (2021), quien mostró la importancia de las experiencias cotidianas y las condiciones sociales en las prácticas de seguridad de los sectores de menores recursos de Lima. Asimismo, Reyes-Sosa et al. (2025) encontraron relaciones entre victimización, riesgo percibido, vulnerabilidad y miedo al delito en jóvenes universitarios mexicanos. La persistencia de una percepción elevada de inseguridad puede comprenderse porque la preocupación por la delincuencia no depende únicamente de haber experimentado un delito. También intervienen las expectativas de convertirse en víctima, el conocimiento de hechos ocurridos en el entorno y las valoraciones sobre la capacidad de protección de las instituciones.
La diferencia entre victimización y percepción de inseguridad confirma la necesidad de distinguir las experiencias delictivas del temor que estas pueden generar. Collins (2016), mediante una revisión metaanalítica, identificó inconsistencias en la investigación sobre miedo al delito, mientras que Hart et al. (2022) encontraron diversidad de procedimientos para medir este fenómeno. Sus aportes permiten comprender que la victimización y la inseguridad percibida representan dimensiones relacionadas, pero diferentes. En el Perú, la reducción reciente de la victimización urbana no estuvo acompañada de una disminución equivalente de la preocupación ciudadana. Esta diferencia adquiere importancia para las políticas de seguridad, debido a que reducir la ocurrencia de delitos y mejorar la percepción de protección constituyen desafíos que requieren intervenciones complementarias.
Las tasas de homicidios correspondientes a 2025 mostraron diferencias territoriales importantes, con valores particularmente elevados en Madre de Dios, Callao, Región Lima y Tumbes. Este hallazgo puede examinarse desde los aportes de Bensús (2012), quien identificó relaciones entre inseguridad y segregación del espacio público en Lima Metropolitana. Aunque su investigación abordó una dimensión distinta, permite reconocer que las condiciones territoriales intervienen en las experiencias de seguridad de la población. Las diferencias observadas entre los ámbitos seleccionados indican que la violencia homicida no presenta la misma magnitud en todo el país. Esta distribución plantea la necesidad de considerar las particularidades de cada territorio, especialmente al definir prioridades de prevención y asignación de recursos institucionales.
La persistencia de una elevada percepción de inseguridad, pese a las variaciones de la victimización y las denuncias policiales, muestra que la seguridad ciudadana comprende dimensiones que requieren atención diferenciada. Hernández et al. (2020) destacaron la importancia de las condiciones sociales en el miedo al delito, mientras que Reyes-Sosa et al. (2025) identificaron la influencia del riesgo percibido y la vulnerabilidad en las preocupaciones por la delincuencia. En el contexto peruano, estos aportes ayudan a comprender por qué las mejoras registradas en determinados indicadores no necesariamente se traducen en una percepción más favorable de la seguridad. La confianza en las instituciones, las experiencias del entorno y las expectativas de protección constituyen aspectos pertinentes para profundizar en esta relación.
La investigación presenta limitaciones relacionadas con el uso de estadísticas secundarias, la posible subdenuncia y el carácter preliminar de determinados registros. Estas condiciones deben considerarse al interpretar las variaciones temporales y territoriales, especialmente porque las denuncias policiales no representan la totalidad de los delitos ocurridos. Futuras investigaciones podrían examinar las modalidades delictivas y sus diferencias territoriales mediante información sobre las condiciones sociales, las características de las víctimas y el funcionamiento de las instituciones de seguridad. Esta aproximación permitiría profundizar en la relación entre la criminalidad registrada, las experiencias de victimización y la percepción de inseguridad ciudadana.
CONCLUSIONES
La criminalidad en el Perú presentó tendencias diferenciadas durante 2022–2025, caracterizadas por el incremento sostenido de los homicidios y las denuncias por extorsión, frente a la disminución de los registros de robo y secuestro. Estas variaciones evidencian que las modalidades delictivas presentan comportamientos distintos y requieren un análisis específico de su evolución. Asimismo, las diferencias territoriales en las tasas de homicidios muestran una distribución desigual de la violencia letal, cuya atención demanda intervenciones de seguridad ciudadana acordes con las características y necesidades de cada territorio.
La percepción de inseguridad ciudadana permaneció elevada, pese a la reducción reciente de la victimización urbana, lo que evidencia diferencias entre las experiencias delictivas y las preocupaciones de la población frente a la delincuencia. Los resultados destacan la importancia de fortalecer la prevención de la violencia, la investigación de las extorsiones y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana. También resulta necesario mejorar los sistemas de información estadística para disponer de registros oportunos y confiables que permitan orientar y evaluar las intervenciones públicas.
DECLARACIONES
Contribución de autoría: Samuel Ticona Ticona fue responsable de la conceptualización de la investigación, el diseño metodológico, la recopilación y el procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los resultados, así como de la redacción, revisión crítica y aprobación de la versión final del manuscrito.
Financiamiento: La investigación se realizó sin financiamiento externo.
Conflictos de intereses: El autor declara no tener conflictos de intereses.
REFERENCIAS
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Copyright: © 2026 Samuel Ticona Ticona. Publicado por PURISUM. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, editada por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Desarrollo Social (ILADESA). Este artículo es de acceso abierto y se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).